El panorama para la industria de alimentos y bebidas en México es crítico. Pandemia, contingencia y etiquetado. Todo al mismo tiempo. En poco menos de seis meses —a partir del 1 de octubre— los octágonos negros que advierten sobre el exceso de sodio, calorías, grasas trans, azúcares y grasas saturadas en los alimentos procesados deben ser parte de los empaques. ¿Se logrará?, ¿qué empresas lo conseguirán?, ¿quiénes resistirán?
Con la implementación de la fase 2, que recomienda sana distancia, y el decreto que establece la emergencia sanitaria en el país a causa del SARS-Cov-2, actividades consideradas no esenciales pararon. Las industrias cervecera, restaurantera, turística y automotriz, entre muchas otras, están en receso. Se suspendieron eventos masivos y se opta por el aislamiento voluntario para contener la propagación.
Sin apoyos fiscales, ante la baja de 80% en ventas por la pandemia, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en México, parecen entrar en una etapa de terapia intensiva. Por si fuera poco, deben prepararse y cumplir con las nuevas modificaciones a la NOM-051 de la Ley General de Salud, sobre el etiquetado publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de marzo pasado.
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Cuánto costará modificar empaques por nuevo etiquetado
En octubre pasado, la Secretaría de Economía (SE) pronosticó que el proceso del nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas podría costar 19 mil millones de pesos. Con base en esas estimaciones planteó un estimado de seis meses para que los productos en estantes se agoten y pudiera entrar las nuevas etiquetas. En esa estimación no se preveía la contingencia que se vive en el país, lo que cambió radicalmente el panorama.
“Nosotros en medio de esta contingencia pedimos que se nos diera un año y al final la Secretaría de Economía nos dio seis meses. Habrá que ver si sancionan o cierran empresas”, explica Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Para Cristóbal Mariscal, presidente de la Rama 17 de Alimentos y Bebidas de la Canacintra, hay muchas más preguntas en el aire ante la declaratoria de emergencia sanitaria, Mariscal alerta sobre la inactividad de las imprentas.
“¿Quién va a hacer el nuevo etiquetado, el nuevo empaquetado de muchísimos productos?, ¿quién va a hacer la nueva caja de el Tigre Toño?, ¿qué va a pasar con las cajas que se desplazaban en changarros y que no van a sobrevivir porque no hay nadie que les compre sus productos?
Cristóbal Mariscal, presidente de la Rama 17 de Alimentos y Bebidas de la Canacintra.
Castellanos calcula que cerca del 80% de las empresas de dicha industria son micro o pequeñas. De ese porcentaje, hay cerca de 125 mil negocios en riesgo. Ello de acuerdo a la cifra de 157 mil 154 unidades económicas registradas por la casa de bolsa Actinver y la Secretaría de Economía. De ellas no se sabe cómo enfrentarán la crisis económica derivada del COVID-19, y si sobrevivirán en octubre.
El impacto para la economía será grande, expone Castellanos. Cerca de 19% del volumen de ventas de la industria de bebidas está sustentado por micro y pequeñas firmas; mientras que en la maquilación de alimentos procesados es de 25%. Ahí se concentran productores de frituras, salsas, refrescos regionales, tostadas y galletas.
“El momento adolece de insensibilidad política”, comenta Mariscal. Considera que el director general de normas, junto con el titular de Cofepris, podrían emitir un acuerdo en el que se postergue la entrada en vigor de la NOM-051. Por lo menos hasta que estén bajo control las suspensiones derivadas del COVID-19, “y la economía empiece a funcionar en los términos que permitan llevar a cabo las acciones requeridas para cambiar el etiquetado”, agrega.
Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), quien en marzo impugnó sin éxito el procedimiento de la modificación de la norma, advirtió en enero pasado que el objetivo de las autoridades de salud es deprimir a la industria de procesados.
“A la autoridad cuando le dijimos que estábamos de acuerdo en reformular, aplicar medidas cediendo nosotros mucho, dijeron que realmente no les interesa eso; ‘nos interesa que desaparezca la industria de procesados’”, advirtió en declaraciones a los medios de comunicación.
Los argumentos también los defendió Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), al exponer que si la producción de procesados cae, los pedidos de productos agrícolas también podrían disminuir hasta 25%.
Empleos y sobrevivencia en el marco del nuevo etiquetado
Para Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), los argumentos que esgrime el empresariado no son ni fueron suficientes para evitar el etiquetado que ya han aplaudido instituciones como la Unicef. “Lo que se deja de consumir son alimentos que hacen daño. Nos obliga a estar comprometidos a la producción de alimentos saludables. Esa es nuestra primera responsabilidad como agricultores, como productores de alimentos sanos, no mercancías para tener más utilidades a costa del medio ambiente o a costa de la salud de los consumidores”, señaló en febrero pasado.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en el proyecto preliminar del etiquetado frontal de advertencia se indica que el sobrepeso y la obesidad cuestan a los mexicanos 440 mil millones de pesos anuales en inversiones del sistema de salud público y pagos a privados.
Respecto de estas cifras, Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, opina que las acciones como la implementación de nuevo etiquetado son insuficientes para enfrentar el problema de obesidad que enfrenta el país. “Si no hay medidas integrales para atacar la obesidad con ejercicio, con cambio de hábitos para eliminar el sedentarismo y la concientización de la ingesta de calorías, el problema no se va a contener con el etiquetado y sí se dañará el empleo”, señala.
Ante la situación Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presentó ayer un plan de rescate a las pequeñas empresas de todos los sectores. El objetivo es adoptar, por lo menos un mes, un negocio que puede estar un riesgo de quiebra. Ante la falta de apoyo gubernamental, se plantea cubrir salarios y proveeduría.
Por lo pronto, casi el 80% de las empresas de la industria de alimentos y bebidas son micro o pequeñas. Están en la cuerda floja 125 mil negocios, de los que no se sabe si sobrevivirán al COVID-19, mucho menos si llegarán a octubre y podrán cumplir con la nueva norma del etiquetado en alimentos y bebidas.
