La estrategia del gobierno federal para alcanzar la seguridad y autosuficiencia alimentaria ha sufrido serios cuestionamientos en los últimos meses. Para los directamente involucrados y afectados, la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y los casos de corrupción en Segalmex representan duros golpes para el sector agroalimentario mexicano.
Mientras tanto, el gobierno mexicano de la llamada 4ta Transformación, o 4T, apuesta a su plan de pocos programas, con un enfoque de apoyos directos, sin intermediarios. Estas medidas pretenden estar orientadas hacia la productividad del campo. Sin embargo, la incertidumbre crece porque la mayoría de los analistas no vislumbran un buen panorama.
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Extinción de Financiera Rural, una estocada para los pequeños productores
El pasado 28 de abril, entre las iniciativas que los senadores del partido gobernante, Morena, aprobaron fast track y sin presencia de senadores de oposición, se dio el visto bueno a la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
Financiera Rural, como se le conoce de manera popular, es la heredera de una larga tradición de organismos estatales que han apoyado el desarrollo del sector agropecuario mexicano con préstamos de capital competitivos.
“El cierre de la FND dejará a los productores al desamparo de una institución financiera que ha brindado créditos y apoyo desde hace casi 100 años”, lamentó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en un comunicado del 16 abril tras darse a conocer las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el organismo descentralizado.
Aunque senadores de la oposición demandan discutir a fondo el tema, el destino de FND parece echado. “La desaparición de Financiera Nacional es una lamentable noticia para los micro, pequeños y medianos productores”, comenta para Goula Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
De acuerdo con datos del GCMA, en 2018, la FND tuvo créditos hasta por 60 mil millones de pesos con una cartera vencida de máximo 6%. A partir de 2019, durante el primer año del presidente López Obrador, los números comenzaron a moverse para mal, hasta noviembre de 2002 cuando los créditos eran por 30 mil millones de pesos con una cartera vencida de 24%, lo que llevó a Financiera Rural a un problema serio de inoperancia.
Para los legisladores que impulsaron la iniciativa, la quiebra es resultado de una depredación de los recursos por parte de intermediarios financieros. “Vamos a extinguir esta institución epítome de la corrupción porque la dejaron seca”, dijo en el podio del Congreso la diputada morenista María García, el 26 de abril pasado. Para los opositores en realidad se trata del resultado de una mala operación del organismo.
“El funcionamiento no es culpa de la institución, es culpa de la mala administración y operación cuando no tienes gente con la capacidad y el conocimiento financiero para el campo, para el sector agropecuario”, apunta Juan Carlos Anaya.
Los programas gubernamentales de apoyo al financiamiento para micro, pequeños y medianos productores del sector agropecuario habían logrado mantener la tasa de interés en un sólo dígito. Con la desaparición de una banca integral y especializada en el campo, los productores más vulnerables estarán expuestos a las tasas de la banca comercial que (en parte por la inflación) llegan a un nivel de hasta 20%.
Javier Yesaki, presidente del Cluster Agroalimentario de Nuevo León (Agroalim), considera que Financiera Rural había alcanzado casos de éxito dentro del campo mexicano y señala algo ineludible: la producción de alimentos necesita financiamiento. “Para los productores tener una opción menos en ese sentido es altamente negativo”, advierte.
Yesaki considera que todos en el sector están de acuerdo en que no haya casos de instituciones mal administradas o con corrupción, pero que se debe implementar una verdadera alternativa a aquello que está por desaparecer. “Si vamos a extirpar un cáncer matando al paciente, no se cumple el objetivo. Que se extirpe lo que está mal, pero que prevalezca lo que funcionaba”, comparte.
Juan Carlos Anaya, director de GCMA, concluye: “Es lamentable que el campo, que supuestamente para el gobierno es importante porque México debe alcanzar la autosuficiencia alimentaria, se quedé sin un banco de desarrollo que atiende a los productores pequeños y medianos”.
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Segalmex, una mancha de corrupción para este sexenio
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), fue creado por decreto presidencial en enero de 2019. Uno de sus antecedentes es la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). La actual administración federal decidió que Liconsa y Diconsa, que era lo que quedaba de Conasupo, se fusionarán en un sólo organismo: Segalmex.
Las principales finalidades de Segalmex son garantizar a la población campesina el bienestar y una mayor incorporación en el desarrollo social, fomentar la actividad agropecuaria y garantizar el abasto suficiente de alimentos para toda la población, con especial enfoque en niños, adolescentes y grupos vulnerables.
“Desaparecieron sus precedentes porque no hacían las cosas de manera adecuada. Y, oh, sorpresa, que Segalmex trae un tema serio de corrupción principalmente en la adquisición que hicieron de azúcar y de leche en polvo”, ataja Juan Carlos Anaya.
En marzo pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 22 personas por la simulación de compra de casi 8 mil toneladas de azúcar (con 142 millones 440 mil 883 pesos de por medio). A estas personas, entre ellos 12 funcionarios del novel organismo, se les busca por “delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de SEGALMEX”, informó en un comunicado la FGR.
Segalmex ha robado reflectores por una trama de corrupción tras otra desde hace meses. “Existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado Mexicano”, concluía su comunicado del 9 de marzo pasado la FGR.
El caso más reciente es el de las pilas Segalmex que se están vendiendo en Polonia. Segalmex se ha convertido en la gran mancha de corrupción en el sexenio del presidente López Obrador.
Quizá debido a la corrupción imperante, el impacto positivo del organismo en la seguridad alimentaria de México en realidad ha sido poco. “Para darse una idea, Segalmex esperaba comprar a los pequeños productores 2 millones toneladas de maíz, pero en el mejor año del programa lo más que lograron comprar fueron 700 mil toneladas. Es el 2 o 3% de la cosecha nacional”, analiza el director del GCMA.
Para el presidente de Agroalim, estos temas no sólo golpean al sector agroalimentario, sino a todo el país: “Estos escándalos que suceden en el gobierno federal, sea el partido que sea, baja la confianza en las instituciones. Queremos alimentos competitivos, nutricional y económicamente, y estos desfalcos en nada ayudan”.
Es cierto que hay productos representantes del campo mexicano —como hortalizas, agave o berries— que registran buenos números, pero el sector más vulnerable y numeroso es el que se ve lacerado por problemáticas como la desaparición de la Financiera Rural y los problemas en Segalmex.
“En el caso de granos y oleaginosas, donde están la mayor parte de nuestros productores (80%, según datos del GCMA), concretar el plan del gobierno de subir la seguridad alimentaria y llegar a la autosuficiencia ha sido cada vez más difícil”, asegura el director del GCMA.
Javier Yesaki y Juan Carlos Anaya coinciden en que los recursos dedicados a impulsar el campo cada vez son menos y que en su lugar llegan programas asistenciales pero que no inciden en aumentar la productividad. “Vemos lo que nos quitan, pero no la sustitución adecuada de apoyos”, remata Yesaki.
Anaya agrega que ese ha sido nuestro talón de Aquiles, deficiencia que ha hecho que México sea más dependiente de las importaciones de granos y oleaginosas: “Para nada se está alcanzando la autosuficiencia alimentaria, esa es la narrativa pero no la realidad”.
