Descarbonizar las economías del mundo es una misión para antes de ayer. En 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto, el primer gran esfuerzo internacional que habló de metas para que los países industrializados disminuyeran sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para lograrlo, se establecieron “mecanismos de mercado flexibles, que se basan en el comercio de permisos de emisión”. Uno de ellos es el Comercio Internacional de Emisiones, de donde surge lo que hoy llamamos bonos de carbono.
Sectores industriales como el automotriz, cementero y petroquímico, que contribuyen mayoritariamente al calentamiento global, de inmediato fueron señalados.
“La industria agroalimentaria es también una de las industrias cuestionadas, sin duda alguna”, comenta Claudia Restrepo, socia de Finanzas Sostenibles en Deloitte.
Restrepo ve un desafío importante para el sector alimentos y bebidas pero prefiere enfocarlo desde la perspectiva de la ventaja, “Los certificados de carbono representan una oportunidad no sólo para los que pueden potencialmente comprarlos, también para quienes potencialmente pueden emitirlos”.
Te puede interesar: ¡Se nos acaban los peces! Urgen prácticas de sostenibilidad que aseguren el recurso
¿Qué son los bonos de carbono?
Los mal llamados bonos de carbono son en realidad Certificados de Emisiones Reducidas (CER). “Le dicen bono por una mala traducción del inglés. No son bonos porque no son títulos de deuda”, aclara Eduardo Piqueiro director general de MéxiCO2: Plataforma Mexicana de Carbono de la Bolsa Mexicana de Valores.
Cada CER equivale a una tonelada de CO2 que deja de emitirse a la atmósfera. Existe más de un mercado de carbono, pero para comprenderlo mejor podemos explorar uno de ellos.
Por ejemplo, una gran empresa que ha realizado esfuerzos para reducir sus emisiones contaminantes llega a un momento en que no puede hacer más al respecto. Ya no puede dejar de realizar acciones contaminantes porque eso significaría dejar de producir.
Otro escenario es que quizá a esta empresa simplemente le resulta más conveniente pagar porque alguien más realice acciones de disminución de GEI. Porque reforestar tiene en realidad poco que ver con su negocio o porque junto a esta empresa hay un rancho de silvopastoreo que, gracias a los beneficios que genera al medio ambiente, emite Certificados de Carbono que pone a su disposición. Esta gran empresa tiene la opción de comprar los CER para cumplir con su obligación de disminuir sus emisiones contaminantes.
“Como definición general, el mercado de carbono es un mecanismo de flexibilidad, donde uno está emitiendo GEI a la atmósfera y otro está reduciendo las emisiones. Este último puede vender ese beneficio o servicio ambiental al primero. Son de flexibilidad porque no importa cómo reduzcas, lo importante es que reduzcas”, redondea Eduardo Piqueiro.
Para ser válidos, los CER tienen que ser verificados por un tercero bajo una metodología internacionalmente reconocida. “No puedo decidir que tengo cuatro plantas en mi jardín y que con ellas vendo Certificados de Carbono”, aterriza el director general de MéxiCO2.
El precio de cada CER depende de muchos factores, entre ellos la historia que hay detrás de cada proyecto de captura de carbono. “Un proyecto ambiental en una comunidad desfavorecida tendrá Certificados de Carbono más caros que los que tenga un super rancho en Sonora”, ejemplifica una vez más.
Eduardo Piqueiro nos explica que el mercado de CER en México no es todavía un mercado público, con precios que todos puedan ver, como en las Bolsa de Valores. Por ahora hay pocas transacciones de CER y los precios dependen mucho de la oferta y la demanda.
Te puede interesar: El tan celebrado consumo local de alimentos no siempre es lo mejor
Impuestos a la vista para los grandes emisores de CO2
En 2015, como parte del Acuerdo de París (un tratado internacional sobre el cambio climático), México se comprometió a reducir, por lo menos, en un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.
Esta meta fue incluida en la reforma a la Ley General de Cambio Climático de 2018. En dicha ley emitida por el gobierno mexicano se establece el sistema de comercio de emisiones y un periodo de prueba de éste que concluirá el 31 de diciembre de 2022. En este programa de prueba participan las instalaciones productivas cuyas emisiones anuales sean iguales o mayores a 100 mil toneladas de emisiones directas de dióxido de carbono al año.
A partir de 2023, las industrias y sus empresas que están dentro del mercado regulado y obligatorio de carbono tendrán que pagar un impuesto a las emisiones de carbono, el cual podrán cubrir con proyectos que reduzcan GEI o comprando CER.
En el sector de alimentos y bebidas son sólo unas cuantas plantas las que están obligadas a cumplir con el sistema de comercio de emisiones. “Sin decir nombres están las más grandes de las más grandes. Las más intensivas. Si hay tres plantas, es mucho”, comenta Piqueiro.
Aunque entidades como Querétaro, Jalisco, Zacatecas, Estado de México y Yucatán se declaran listas para implementar el cobro de impuestos, la realidad es que el panorama general del sistema de comercio de emisiones es aún incierto.
“Todavía estamos a la espera de los lineamientos específicos que emitirá la Secretaría de Hacienda”, dice Jorge Galván, gerente de Finanzas Sostenibles en Deloitte México.
Por su parte, el director general de MéxiCO2 añade que también se está en espera de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publique las reglas de lo que viene. “Hace falta mucha claridad de cómo va a empezar a trabajar esto en enero”, remata Galván.
Te puede interesar: ¿Cambiarías tu modelo de negocio porque te lo pide el planeta?
Un ganador inesperado: el campo mexicano
Aunque los gigantes del sector alimentos y bebidas tienen buenas oportunidades de reducir sus emisiones de dióxido de carbono (un uso más eficiente del agua y de la energía eléctrica), el gerente de Finanzas Sostenibles en Deloitte México ve la oportunidad de que el gran protagonista de los certificados de carbono dentro del sector agroalimentario sea el campo.
Jorge Galván señala que en Brasil y en África se está trabajando muy bien en la venta de Certificados de Carbono relacionados con el agro. “En el campo mexicano hay un área de oportunidad gigantesca en cuanto a la captura de carbono”, recalca.
Dentro del mercado voluntario del sistema de comercio de emisiones (es decir, aquellos que no están obligados por ley pero que pueden generar proyectos de captura de CO2 para vender CER) existen empresas, organizaciones y hasta comunidades con proyectos relacionados con el campo y el cuidado de la naturaleza.
Eduardo Piqueiro señala que en México hay 175 proyectos que buscan ser emisores de Certificados de Carbono y que la gran mayoría están relacionados con temas de conservación forestal, sistemas de producción silvopastoriles y de protección de manglares.
El gerente de Deloitte México pone como ejemplo lo que hace el rancho Rancho Kampepén, en Mérida, Yucatán. En este lugar se implementa un sistema de producción sustentable de alimentos que procura el cuidado de los animales.
De pronto, estas personas y organizaciones que tenían como prioridad el bienestar animal, el mitigar el estrés hídrico de sus comunidades o evitar su deforestación se encontraron con la posibilidad de que su trabajo puede convertirse en un certificado que los grandes emisores de CO2 están dispuestos a comprar. “Para el campesino es una oportunidad de oro”, remata Jorge Galván.
