El pasado 16 de enero, se publicó el decreto en el que se impone un impuesto del 50% a las exportaciones de maíz blanco harinero. La medida impuesta por el gobierno de México entró en vigor a partir del día siguiente y se extenderá hasta el 30 de junio de este año.
El objetivo, se plantea en el documento, es que más producción nacional de maíz blanco para consumo humano se mantenga en nuestro país y asegurar así condiciones de mercado que permitan estabilizar el precio de la tortilla.
Sin embargo, incluso quienes podrían verse favorecidos por la decisión presidencial cuestionan sus alcances: “Veo mucha buena intención, pero desgraciadamente no una contundencia para encontrar una solución”, comenta, para Goula, Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas.
Coincide en las críticas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Para este organismo, el arancel a la exportación del maíz blanco sólo transmite un mensaje de incertidumbre sobre el funcionamiento del sector agropecuario nacional. “Esto genera una percepción de falta de compromiso con los acuerdos comerciales y reduce la competitividad del país”, se lee en un análisis publicado en su página.
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¿De qué va el decreto y qué tan eficiente puede ser?
La tortilla, pilar de nuestra alimentación, ha tenido incrementos históricos durante los dos últimos años. En noviembre pasado su precio se estabilizó en espera de otro gran incremento, que se estima podría suceder el próximo mes de febrero.
En 2022, la producción nacional de maíz blanco registró 23.5 millones de toneladas. De ésta, sólo el 0.9% se destinó a la exportación. Una cifra ínfima que representa unas 240 mil toneladas.
Para 2023, de acuerdo con estimaciones del GCMA, se espera incrementar la cifra a 25.2 millones de toneladas. “Será una cosecha récord porque en Sinaloa hubo una muy buena disponibilidad de agua”, explica Abel Rodríguez, gerente de información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
La demanda de maíz blanco para consumo humano es de 13.87 millones. Es decir, ante la frialdad de los números, ni el maíz que nos compran del extranjero ni el ritmo de producción de maíz blanco mexicano son factores que impidan estabilizar el precio de la tortilla. México es autosuficiente en cuanto a maíz blanco.
“(El decreto) es una medida sin sustento que no favorece a los consumidores, pero resta mucha competitividad a los productores que exportan esas toneladas de maíz”, advierte el gerente de información del GCMA y agrega que el arancel “es un impulso nada más… una buena intención que a final de cuentas no tendrá un efecto sobre los precios al consumidor de tortilla porque en México no hay escasez de maíz blanco”.
Está también la voz de los productores de tortilla. A sólo unas horas de publicarse el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo Nacional de la Tortilla calificó la estrategia gubernamental como una medida emergente sin fondo y carente de una visión política agroalimentaria clara. “Que el producto se mantenga en territorio nacional no garantiza la regulación del costo, ya que se corre el riesgo de que las harineras y comercializadoras del país acaparen el producto y controlen el precio del insumo”, alertó por medio de un comunicado.
Rubén Montalvo, presidente de la CNIPMT ve “con buenos ojos el decreto”, pues existe la posibilidad de que los distribuidores ofrezcan el maíz a mejor precio para la industria de las tortillas, que ha visto aumentos en todos sus insumos: gas, papel y refacciones para sus máquinas.
Pero de ahí a que la estrategia ayude a bajar el precio de la tortilla… “Yo no lo veo factible. Nosotros queremos hacer entender a las autoridades que existen demasiados eslabones entre el productor de maíz y el productor de tortilla. Y que en realidad el encarecimiento de la tortilla está ahí, en medio”, remata Montalvo.
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Con la tortilla, México queda mal, con el norte y con el sur
Además de los casi nulos beneficios para estabilizar el precio de la tortilla, el IMCO destaca que el mensaje que el gobierno federal envía con este decreto a sus socios comerciales es preocupante.
La medida, asegura este centro de investigación, es incompatible con las obligaciones que México tiene con sus socios comerciales en materia de prohibiciones y restricciones a la exportación. “Genera una percepción de falta de compromiso con las obligaciones en sus 14 Tratados de Libre Comercio y con la Organización Mundial del Comercio…”, señala.
La modificación decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador contradice artículos del capítulo 2 del T-MEC. Estos numerales, explica el IMCO, prohíben el incremento de cualquier arancel aduanero de algún producto originario o la restricción de su importación o exportación.
El mismo T-MEC plantea la posibilidad de imponer limitantes a la exportación, pero se debe presentar evidencia de una escasez crítica y medidas alternativas contempladas antes de imponer restricciones. Algo que en el caso del maíz blanco mexicano, digámoslo así, es difícil de justificar. El decreto, dice el IMCO, afecta la capacidad de México para trabajar con sus socios de América del Norte y construir una región más competitiva.
Incluso, las consecuencias del decreto irían en contra del discurso de cooperativismo con nuestros vecinos del sur que ha enarbolado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que hace sólo unos días, el mandatario mexicano reclamó a Joe Biden que Estados Unidos había abandonado a América Latina y El Caribe.
Una arista poco explorada en estos días post decreto es que los principales receptores del maíz blanco mexicano de exportación en 2022 fueron Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. “Si de algo va a servir esto es para afectar a los países de Centroamérica e incrementar los precios al consumidor allá”, señala Abel Rodríguez.
Para los propósitos que el decreto fue promulgado, todo indica que se quedará en buenos deseos. Ruben Montalvo sentencia desde ahora que el precio de la tortilla volverá a subir y será inevitable.
