En abril del año pasado, una veintena de actores independientes con máscaras de maíces, bailaron en el Senado de la República. Se trataba de una ofrenda que pretendía simbolizar el rechazo al uso de maíz transgénico. El hoy fallecido artista plástico Francisco Toledo supervisó el trabajo en el Centro de las Artes San Agustín Etla, en Oaxaca, donde se confeccionaron las máscaras. La directora del performance fue Jesusa Rodríguez, actriz y senadora por el grupo parlamentario de Morena, quien además financió el espectáculo. La idea del atípico ritual era presentar, junto con la senadora Ana Lilia Rivera, su iniciativa de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN).
“¡Que no caiga el chahuistle transgénico sobre nuestra primera gracia divina!”, exclamó Jesusa durante su intervención.
Los maíces nativos son aquellos que se han domesticado desde hace 10 mil años a partir de las variedades originarias de la planta denominada como teocintle. Los campesinos los conocen también como criollos o maíces de colores. En el territorio mexicano hay más de 300 variedades derivadas de 64 razas de maíces nativos.
Los maíces transgénicos son elaborados en laboratorios, a través de procesos de biotecnología en los que, para mejorar su rendimiento, su valor nutricional y su resistencia a las plagas, se les modifica su código genético. Esto se logra por medio de la inserción de genes provenientes de otras especies de seres vivos.
La razón principal por la que se busca proteger a las variedades nativas de las transgénicas es por la forma como trabaja la selección natural: las especies genéticamente modificadas, al ser más resistentes, tienden a prevalecer sobre las especies endémicas, contaminarlas o llevarlas a la extinción. Pero también, al ser semillas controladas por corporativos multinacionales, obligan a los campesinos al pago de derechos por su uso. Esto, a pesar de que una de las prácticas tradicionales consiste en reutilizar las semillas de la misma cosecha.
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La ley entró en vigor el pasado 14 de abril, un año después de aquel baile de los actores disfrazados de granos de maíz. Paradójicamente, la legislación aprobada no especifica de qué manera se puede proteger al maíz nativo de los transgénicos.
En todo caso, considera el abogado Francisco Xavier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) “esta ley protege a los maíces nativos del olvido institucional, porque estaban despreciados. Me parece que esa es una de las grandes aportaciones… más que protegerlos de los transgénicos.”
Pese a ello, representa un paso importante para que exista un régimen jurídico que proteja los métodos de agricultura tradicional y patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, opina Martínez Esponda. “Por primera vez, el estado mexicano va a invertirle recursos públicos a los maíces nativos en una forma que no habíamos visto”.
La nueva ley especifica como una obligación del estado garantizar y fomentar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (algo que en todo caso ya estaba señalado en la Constitución Política), y declara la producción, comercialización y consumo del maíz nativo como manifestación cultural.
Hay otra propuesta de ley para cuidar al maíz
En 2014 se empezó a gestar un proyecto de ley mucho más completo y sustentado que se dio a conocer públicamente este año. Se trata de la “Ley Modelo Para una Agricultura y Alimentación Bioculturalmente Adecuadas en México”. Fue desarrollado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización de la sociedad civil formada por un grupo de abogados mexicanos que se financia con donativos, y en el que nada tienen que ver las legisladoras.
Integrada por 64 artículos, el documento, en cuya redacción participó el especialista Martínez Esponda, incluye el saber de las comunidades indígenas y campesinas (nahuas, otomíes, totonacas, mayas, purépechas, tzeltales, tzotziles y wixárikas, entre otras); así como la voz de organizaciones de la sociedad civil, autoridades, organismos internacionales y tribunales de justicia. Su origen se remonta a una pregunta clave que se hicieron los especialistas, “¿cómo hacer una política pública biocultural adecuada para el campo mexicano?”. Su objetivo es respetar, proteger, fomentar y garantizar los patrimonios bioculturales de los pueblos indígenas, sus sistemas tradicionales de producción, así como las semillas y variedades nativas.
El CEMDA compartió su proyecto de ley a representantes de la Secretaría de Agricultura (Sader), de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y a la senadora Ana Lilia Rivera. Todos lo recibieron con buen ánimo, pero las buenas intenciones se quedaron ahí porque se atravesó el decreto de emergencia sanitaria por el coronavirus. Los especialistas refieren que esa ley modelo es mucho más completa y especifica que la que se aprobó en abril pasado y se puede consultar aquí.
Faltan reglamentos claros y armonizar leyes sobre maíz nativo
El artículo 4 de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo indica que todas las personas deben tener acceso efectivo al consumo de maíz nativo, y que debe estar libres de organismos genéticos modificados (por sus siglas: OGM), pero no explica cómo lograrlo.
En ese sentido, el doctor Gonzalo Chapela, miembro del proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, de la Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), reconoce que impedir la exposición a transgénicos es algo que “en términos prácticos es muy difícil y no se puede garantizar”.
La Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) es la que regula el uso de transgénicos, su comercialización, importación y exportación, así como su liberación experimental en México.
Alejandro Espinosa Calderón, investigador de producción y tecnología de semillas; y actual encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, advierte que los transgénicos son dañinos. Por ello, opina que a la ley del maíz nativo le haría falta armonizarse con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada en 2005, “por el bien de México” y porque en esta última se avalan las importaciones de maíz transgénico. Dice que así como el Gobierno se ha pronunciado en contra de la siembra de transgénicos, espera que “tampoco se autorice la importación de grano que tenga transgénico y que pueda contaminar a nuestros maíces nativos”.
José Cacho Ribeiro, vicepresidente de cadenas productivas del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) agrega que, a pesar de que hay personas que están en contra y otras a favor de los maíces transgénicos, “lo que se puede ver a la luz de las pruebas científicas y de la realidad es que ese maíz se ha usado durante muchísimos años y hasta ahora no ha representado un problema específico”.
El abogado Martínez Esponda, del CEMDA, insiste que la ley del maíz nativo se creó para fomentar su producción, y que el tema de bioseguridad no le corresponde porque para ello ya existe la LBOGM, “de alguna manera son leyes complementarias”, resume. Lo que no hay que pasar desapercibido es su opinión de que a los 13 artículos de la ley del maíz nativo, le hacen falta reglamentos claros.
Afirma que ya deberían prepararse y deberían incluir las políticas públicas que apoyen los sistemas tradicionales de producción de alimentos. “La única manera en que podemos seguir cuidando el tesoro alimentario de México es usándolo, comiéndolo. Si perdemos el conocimiento de cómo se preparaba, la planta está condenada a desaparecer, es un patrimonio vivo y si no se usa, se muere”, sostiene.
Justamente respecto de ello, a la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, le hace falta la instalación del Consejo Nacional del Maíz Nativo (CONAM), que estará formado por representantes de Sader, Semarnat, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, representantes del sector agroalimentario, de diversos ejidos, comunidades indígenas, grupos campesinos y académicos. Ellos podrán participar en las acciones que se tomen para proteger al maíz nativo, pero ese consejo debe establecerse 90 días después de promulgada la ley y todavía no se completan.
Por lo pronto, Esponda reconoce que, al menos, ya se dio el primer paso para que la ley fomente la agroecología, entendida como un puente de diálogo entre la ciencia moderna y el conocimiento tradicional. “El gobierno tiene un reto enorme porque sabe de la importancia de este tema. Apostar por las agriculturas tradicionales es apostar por modelos que generan proyectos de vida digna”.
¿Cuánto y qué maíz comemos?
El pueblo del maíz, como se le conoce a México, debe hacer honor a su nombre. De acuerdo con Sader, México es el principal consumidor de maíz a nivel mundial. Datos del estudio “Planeación Agrícola Nacional 2017-2030”, refieren que el consumo promedio per cápita al año es de 194.5 kilos de maíz blanco, la variedad híbrida más común en nuestro país. Principalmente se come en tortillas, lo que representa el 20.9% del gasto total en alimentos de las familias mexicanas.
La Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo no prohíbe el uso de maíces híbridos o mejorados, que son el resultado de la cruza de dos líneas puras de maíz de diferentes razas o variedades. Su semilla está desarrollada para obtener el máximo de productividad. Actualmente se comercializan 170 variedades de este tipo de maíz y aproximadamente estos representan el 80% de la producción de México, según estimaciones del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Por ello, la seguridad alimentaria no está comprometida. El problema de los maíces nativos es que se cosecha entre tonelada y media y dos por ciclo agrícola, por lo que sería impensable cubrir con ellos el consumo local. Los planes para incrementar la producción de maíces nativos son a mediano y largo plazo para conseguir una sustitución exitosa.
Los productores de maíz híbrido ven a esta ley como una esperanza para que haya más iniciativas que fomenten su producción. De hecho, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha desarrollado maíces híbridos, aptos para la industria de la tortilla, prácticamente desde que nació, en 1985. Estos programas han beneficiado la producción de este cereal en diversas regiones del país.
En su toma de protesta en 2016, el Presidente de la República expresó que no se permitirá la siembra de transgénicos en el país. Poco a poco, las instancias gubernamentales se han movido en esa dirección. La Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, es vista por los especialistas solo como el inicio de un plan, hace falta definir el cómo.
