Desde que se puso en marcha el nuevo proyecto de reforma laboral, en los sectores político, empresarial, sindical y los trabajadores de Colombia, crece la incertidumbre sobre los efectos que podría traer a sus gremios. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) calcula que los costos para el sector productivo en general se incrementarían entre 12% y 17%; pero en la industria de bebidas y alimentos en particular, podrían llegar al 20%.
Para el sector de bebidas y alimentos se trata de un fuerte golpe a la operatividad, que implicaría cambios drásticos en su funcionamiento. Desde la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), se estima que uno de los efectos principales es la disminución de la jornada laboral. Ésta bajaría de 48 a 42 horas, las cuales deben ser distribuidas por común acuerdo en cinco o seis días a la semana.
Entre las principales propuestas están el pago de mayores recargos nocturnos y dominicales para los trabajadores, la reducción de la jornada laboral, cambio en los tipo de contratos, disminución de la tercerización laboral y el aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas (está en dos semanas).
A esto se suma que la jornada nocturna no arrancaría a las 21:00 horas, sino a las 18:00 horas y el recargo nocturno tendría un incremento al 100%, es decir, que se pagaría el doble de la base del salario. Lo mismo sucedería con el trabajo dominical o festivo.
Otro de los puntos es que se eliminarían los contratos por prestación de servicios y se establecería un contrato de trabajo a término definido y por dos años. El gobierno quiere eliminar la celebración de contratos temporales.
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Estos son los efectos para el agro Colombiano por la reforma laboral
La principal novedad para el sector agrícola es la creación de la figura del contrato agropecuario que formaliza la relación de los jornaleros. El objetivo es que se estandarice el pago del jornal bajo una figura que no sea menor al pago del salario mínimo legal diario.
Se estima un pago entre los 28 mil y 35 mil pesos*. Además, el proyecto estipula que si se mantienen las actividades por más de 27 semanas continuas se entenderá como un trabajo a tiempo indefinido. Asimismo, recalca que el contrato agropecuario no aplica para las empresas agroindustriales.
Esta propuesta ha sido celebrada por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), pues es un paso muy importante para formalizar la labor del eslabón más bajo de la cadena productiva. Sin embargo, su mayor preocupación es que esta iniciativa debe ser consecuente con las otras modalidades de contrato, pues al eliminar figuras como la prestación de servicios o trabajo por horas, la posibilidad de crear más puestos de trabajo se ve afectada por los costos de contratación.
“Si no se habilita la posibilidad del contrato por obra o por hora, será muy difícil la formalización del 86% de informalidad que tiene la mano de obra en el campo colombiano”, indica Jorge Bedoya, presidente de la SAC.
A su vez, desde la Federación Nacional de Cafeteros sostienen que esto puede ser un problema mayor en su caso, pues las fincas cafeteras pagan según lo que recoja el trabajador.
“Hay recolectores de café muy buenos que ganan en un día 180 mil pesos, seis veces más que lo que pagan por un día de salario mínimo. Muchos no van a renunciar a eso o empezarán a rendir menos”, dice Alfonso Jaramillo, gerente del Comité de Cafeteros de Antioquia.
Bedoya agrega que no tener varias posibilidades de contratación afecta directamente a los trabajadores rurales, que en la mayoría de casos tienen dos empleados a los que les trabajan el mismo día y en jornadas distintas.
“Un trabajador rural en la mañana ordeña vacas en una finca, pero en la tarde va a realizar labores de mantenimiento de un cultivo de papa. Ese trabajador hoy no tiene la posibilidad de contar con un empleo formal porque el régimen laboral no lo habilita para tener una contratación por horas, con los consecuentes aportes de prestaciones sociales”, explica.
Para la SAC, otro asunto es la propuesta de prohibir la contratación tercerizada, pues muchas empresas agroindustriales del sector logran ampliar su fuerza laboral formalizada en épocas de cosecha gracias a la contratación de más personal a través de un tercero que asume costos y cargas laborales como las prestaciones.
“Esto es un tema que afecta directamente a productores de sectores altamente formales como el banano, la papa, el pollo, el huevo, el café, el cerdo, la acuicultura, la caña de azúcar, el aguacate Hass y la palma, que requieren incrementar el número de trabajadores cuando deben recoger el producto, transportarlo o almacenarlo en bodegas”, señala Bedoya.
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El golpe que viene para bares y restaurantes colombianos
Germán Gómez, presidente la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), sentencia que se ponen en riesgo los 1.5 millones de empleos formales que hoy tiene el sector: “Estamos amenazados por la reforma. Nuestro principal problema es que tenemos una informalidad del 80% y no se presentan soluciones viables.” Y agrega: “Le pusieron el inri en la frente a un sector generador de oportunidades, porque el 38% de la gente que queda por fuera del mercado laboral, acude a la preparación de alimentos y bebidas para tener un ingreso”.
Al igual que Acodres, la Asociación Colombiana de Bares (Asobares) ve con preocupación la propuesta de aumentar la jornada nocturna en 3 horas (quedando de 6 pm a 6 am) y aumentando el recargo en un 25%. Es decir, que el recargo sobre el salario nominal quedaría al 100%. Lo cual también aplica para el recargo dominical y de festivos.
“Entendiendo que gran parte de nuestras actividades son en las noches y fines de semana, estos aumentos sin lugar a dudas afectarán la posibilidad de continuar la formalización del personal y contratar nuevo talento ante la imposibilidad que, especialmente en micronegocios, asuman este nivel de costo. No van a poder sostener precios a los que venden porque no son rentables”, explicó Adriana Plata, presidenta de Asobares.
“Los jóvenes encuentran un trabajo como meseros para tener ingresos mientras terminan sus estudios… Con la inflación de los alimentos y el costo de la nómina, se van a suprimir estos puestos de trabajo. Además, el cambio en los términos de los contratos de aprendizaje significa un aumento en los costos asumidos por el empleador en un 88 %”, señala Gómez.
Desde la pandemia, el sector gastronómico ha perdido 27 mil empleos y 50 mil establecimientos han cerrado. Plata sostiene que el 78% de los establecimientos reportaron reducción de sus utilidades en 2022 y que para el 2023, el crecimiento en costos de la nómina, el aumento del salario mínimo y los arriendos, la inflación de los alimentos y la reforma laboral, provocarán un incremento de precios en más de mínimo el 10% de sus productos.
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Esto es lo que pasará con las plataformas de delivery con la reforma laboral
En la premisa de formalizar el sector de plataformas digitales para que las personas que trabajan como repartidores accedan a seguridad social y prestaciones laborales, el gobierno estimó que las empresas deben generar un vínculo laboral con sus colaboradores porque tienen subordinación.
¿Qué implica esto? Por un lado, la propuesta detalla que en caso de que los repetidores sean trabajadores autónomos (como hoy sucede), la plataforma digital debe verificar que ellos estén afiliados a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y estén al día con sus aportes.
En caso de no ser así, la reforma obliga a las empresas como Rappi, DiDi y Tu Orden, a asumir de forma directa el pago del 100% de los aportes como si fuesen empleados directos. El gobierno establece que las plataformas deben informar al trabajador cada mes el número de horas laboradas a cada repartidor, para que se realicen los pagos respectivos de seguridad social.
Otro punto de la propuesta es “la soberanía del tiempo de trabajo de la persona trabajadora”, es decir, los domiciliarios o repartidores deben decidir los tiempos de conexión en la plataforma y de aceptar o rechazar órdenes de trabajo.
Desde Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación, alertaron que cerca de 80 mil personas que trabajan como repartidores quedarían sin empleo ante las exigencias laborales del gobierno. La razón es que su modelo de negocio se transformaría radicalmente al tener que asumir costos de nómina que antes no existían.
Daniel López, director de Alianza In, sostiene que el dilema no está entre la desprotección o protección social de 150 mil repartidores, sino que el gobierno está buscando implementar una laboralidad forzosa y erradicando las formas de autoempleo o el modelo laboral flexible, en el que las personas generan ingresos extras a su trabajo principal.
“Las empresas que administran estas plataformas, tendrán que contratar directamente a todos los repartidores con subordinación, horario e ingreso fijo. Se le pone una bomba atómica a una industria que produce autoempleo a gran escala. Si me quedo desempleado hoy, puedo trabajar mañana como repartidor. Pero si se aprueba la reforma laboral como viene, ya no tendría esa opción”, indica López.
Según las cifras de Alianza In, el 70% de los domiciliarios de Rappi dependen de este ingreso, el 90% de los repartidores se conectan 20 horas a la semana y ganan hasta 600 mil pesos. Con la reforma, advierten las plataformas digitales, los costos laborales incrementarían entre un 30% y 35%, se afectarían 2,6 millones de usuarios por incremento de precios y 30 mil comercios verían afectados sus ingresos.
López precisó que la contrapuesta es que el pago de la salud y pensión sea en conjunto entre la plataforma y el trabajador, y que en caso de que la persona gane más de un salario mínimo por su labor, el riesgo laboral lo pague en un 100% la empresa. En caso de obtener menos ingresos, se otorga un paquete de seguros que cubran accidentes.
El gerente general de Rappi Colombia, Matías Lanks, señala que en caso de que la propuesta se convierta en ley, sólo podrán contratar al 10% de los repartidores, dejando sin trabajo al 90% restante.
*Todas las cantidades en pesos en este texto se refieren a pesos colombianos.
