Más de 130 años de un modelo de monopolio de Estado —también llamado rentístico—, han derivado en una industria licorera colombiana atrasada, sin innovación y poco competitiva. Desde hace seis años se abrió la puerta a que privados produzcan y comercialicen bebidas de origen nacional. ¿Existe la posibilidad de crear licores que emulen el éxito del mezcal mexicano o la cachaza brasileña?
Daniel Picciotto, presidente de Pedro Domecq en Colombia, recuerda cómo comenzó la renovación: “Empezamos a preguntarnos en el gremio por qué no se estaba produciendo un ron destilado en Colombia.”
Históricamente, las industrias departamentales hacen esta bebida con licores importados, por lo que no ha existido producción local. Sin embargo, casi de manera clandestina y de forma artesanal, en algunos trapiches (molinos de caña de azúcar) de las comunidades campesinas se producen licores de este tipo. Sólo hasta que se modificaron las leyes se ha abierto la puerta para formalizarlos.
“Hoy esos licores (artesanales) tienen la posibilidad de convertirse en premium, como sucedió con el mezcal en México, el pisco en Chile o la cachaza en Brasil”, dice Picciotto, quien también es presidente de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba) de Colombia.
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Importaciones, el comienzo del fin del monopolio
La batalla por producir licores de calidad se convirtió en una carrera por fabricar a un menor costo aguardiente (licor que nace de un alcohol casi neutro destilado de la caña de azúcar y se mezcla con agua y anís), pero no se contempló la diversificación hacia otro tipo de destilados. Así que cuando llegaron las importaciones, se evidenció la incapacidad de competir con otros destilados como whiskys o tequilas.
Picciotto señala que las importaciones en Colombia han sido complejas desde hace 100 años. “Las licoreras generaron muchos recursos, pero con la llegada de las importaciones a mediados del siglo XX, empezaron a quebrar porque no competían. El monopolio estatal era ineficiente y a la gente no podían obligarla a tomar aguardiente.”
Lo que inició como un negocio rentable para 20 licoreras departamentales, terminó con la quiebra de varias por ineficiencia, falta de inversión e innovación. Esto obligó a importar alcohol del exterior ante la falta de capacidad de destilar en el país. De las 20 licoreras departamentales que existían, hoy tan solo están Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Valle, que le maquilan a las marcas de otros departamentos.
“El problema es que si uno controla la producción, pero la importación es libre, condena el producto nacional”, sentencia el presidente de Caba.
Aunque se intentó hacer frente a las importaciones con la producción de rones, el licor con el que lo elaboraban era importado y no de producción nacional, lo que resultó en un procedimiento ineficiente y costoso.
Erin Rose, directora de bares del Grupo Takami, una de las cadenas de restaurantes más grandes del país, coincide en que el gran problema de Colombia es que sus licores no se producen con destilados nacionales, que principalmente son alcoholes que se logran separar por procesos de ebullición de los jugos y mieles de la caña de azúcar.
“Normalmente se compran destilados de otros países y se embotellan. Los productos que llamamos colombianos deberían estar saliendo de tierras Colombianas. Es muy difícil para las personas que quieren destilar en Colombia sacar los permisos y legalizar sus productos. Es un bloqueo que retrasa a toda la industria”, afirma.
Pese a que en Colombia se dejó de destilar hace 30 años por problemas ambientales y de costos de producción, Picciotto explica que su empresa, Pedro Domecq, fue la única que desde 1964 no dejó de hacerlo.
“Destilamos en Cali y tenemos alambiques al estilo de coñac y al estilo de Escocia. Destilábamos alcohol extra neutro, sin olor ni sabor. Algunas veces no era fácil lograr la producción nacional y tocaba importar”.
Tenían contrato con el departamento del Valle que, por el monopolio, puso límites a su producción. No fue un tema fácil y cada vez se hizo más difícil renovarlo.
Mauricio Gutiérrez, socio fundador de la marca de aguardiente premium Mil Demonios, considera que este proteccionismo del Estado a las bebidas nacionales tradicionales creó un candado a la entrada de nuevos productos nacionales. Según Gutiérrez, esta situación provocó que “las multinacionales llegaron con prácticas que la industria del país no tenía, y aprovecharon el terreno que perdió el aguardiente nacional introduciendo nuevos licores.”
Y agregó: “no tenemos nada en contra de las multinacionales, pero la iniciativa de Mil Demonios es rescatar de una forma premium, en líquido y en empaque, nuestra bebida tradicional. Como sucedió en México, Brasil, Perú y Chile”.
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Las leyes que terminaron con el monopolio del Estado
En 2016, la Ley 1816 modificó el régimen rentístico de licores destilados por encima de 15 grados y el impuesto al consumo de licores. Esa ley no permite aún la destilación de privados sin concesión o un contrato público, abrió la puerta para la distribución y comercialización de nuevas marcas y licores nacionales gravadas con un impuesto.
Fue un pequeño paso para permitir convenios y asociaciones de privados con los departamentos del país, quienes hasta entonces habían mantenido el monopolio estatal para producir y comercializar destilados.
“El monopolio se rompió con la Ley 1816 de 2016; ahí surgieron importantes licores nacionales como los rones Hechicera y Parce. La idea no es acabar con todo el monopolio, es tener una mejor regulación”, opina Julio Molano, gerente de Licores Artesanales, productor del Aguardiente Desquite, una de las nuevas marcas privadas de origen colombiano.
Esta normativa busca seguir reservando las rentas de la venta del alcohol como una fuente de recaudo de los departamentos para financiar iniciativas en salud, educación y deporte.
“Con esta ley, la producción de licores no está 100% restringida al Gobierno. El norte que se está trazando es que muchos privados puedan hacer desarrollos propios de manera legal. Al final del día es un tema de impuestos, y entre más marcas haya más recaudo se genera”, agrega Molano.
Los expertos coinciden que el tema de los impuestos sigue siendo una desventaja, pues los costos de producción llegan a incrementarse hasta tres veces.
“Una botella de aguardiente cuesta producirla cerca de 3.500 pesos*, y con el impuesto queda en 12.000”, asegura Picciotto, y agrega, “sin contar que el precio se incrementa con la maquila y cuando pasa a manos de distribuidores y comercializadores. Todos tienen que generar utilidad.”
Hoy el impuesto a los licores se compone de tres partes. La primera es un impuesto de 249 pesos por grado alcohólico según lo declarado en el registro sanitario. La segunda es un impuesto del 25% que se calcula de acuerdo con el precio final de cada producto. Y la tercera es un 5% sobre el valor final del producto que corresponde al Impuesto de Valor Agregado (IVA). “Es una locura”, indica Picciotto.
Tres años después, el 2 de diciembre de 2019, el Congreso aprobó la Ley 2005, más conocida como la Ley de la Panela. Esta normativa dio vía libre para diversificar los derivados de la panela (que nace de la caña de azúcar) y permitir la destilación de sus jugos y mieles vírgenes sin que el monopolio rentístico pudiera restringirlos.
Por último, en noviembre de 2021, se firmó la Ley del Viche, que reconoce, impulsa y protege como patrimonio colectivo a esa bebida artesanal hecha con licor de caña de azúcar que producen las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano.
En conjunto, esas tres leyes han empezado a modificar las reglas de juego de la producción, distribución y comercialización de licores en el país. Poco a poco han dado paso a la creación de nuevas marcas, premium y artesanales, de bebidas alcohólicas de origen nacional.
Sin embargo, aún quedan muchos grises en su reglamentación e implementación. Por ejemplo, aún los departamentos siguen teniendo la capacidad de restringir la venta de algunos licores en sus regiones, algo que desata inquietud especialmente en los productores artesanales. Tomemos en cuenta que durante muchos años su actividad fue estigmatizada y perseguida por considerarla una práctica ilegal.
Tampoco hay claridad en los apoyos que se les brindarán a los productores artesanales para afrontar los costos que implica sacar el licor de sus trapiches, muchos de ellos en zonas de difícil acceso.
La meta es que en unos años no solamente existan decenas de marcas y que se pueda crear un atractivo mercado nacional e internacional, sino que, como ha sucedido en otros países, vaya de la mano de una estrategia para atraer turismo, como quedó escrito en la Ley de la Panela.
“Si esto empieza a funcionar, reactivamos la agricultura colombiana, al beneficiar 250 mil familias campesinas que trabajan en los trapiches que hay en Colombia. El mundo debe saber que existe esta posibilidad y que tiene un amplio alcance social”, concluye Piccioto.
A su vez, el gerente de aguardiente Desquite dice que las oportunidades están latentes, que es necesario regular para atraer mayor inversión y que próximamente sacarán un ron blanco.
“Nuestra meta no es ser baratos, sino ofrecer productos de alta calidad. Nuestro ron es de vírgenes, hecho en un 100% con producción colombiana, añejado en altura, con caña orgánica, y con un sentido de ayuda social para impulsar la economía de la región al comprarle a productores locales. Eso es lo que se debe replicar en todo el país”, concluye Molano
*Todas las cantidades en pesos en este texto se refieren a pesos colombianos.
