Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente. Ése y no otro debería de ser el fundamento de toda política alimentaria.
Al considerar esta definición y analizar la situación nacional, podemos afirmar que en nuestro país no hay condiciones de seguridad alimentaria. Por lo menos no la hay para amplios sectores de su población en términos de salud, pobreza y empleo; además de lo relacionado con el acceso físico, social y económico.
Aunque no hay una política alimentaria nacional, integral y coordinada al más alto nivel de gobierno, sí hay diversidad de programas y proyectos relacionados con la agricultura y la alimentación.
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Entre ellos está Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo público descentralizado, creado en enero de 2019, con personalidad y patrimonio propios y que pertenece a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entre sus principales objetivos está la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y en leche. Sin embargo, salta a la vista que este programa de gobierno no ha sido exitoso.
De acuerdo con cifras oficiales correspondientes a 2020, la producción de dichos granos básicos fue insuficiente para atender el consumo nacional, por lo que fue necesario importar. Para el caso del maíz fue el 37% del total; para el trigo, el 61%; para el frijol, el 12%; y para el arroz, el 83%.
En los primeros ocho meses de este año, el país gastó una cifra cercana a 11 mil 800 millones de dólares en la importación de maíz, frijol, trigo, soya, arroz y aceites; el monto más alto para un mismo periodo y 91% más de lo erogado en los primeros ocho meses de 2020.
Este incremento para adquirir productos básicos en el extranjero no responde a un mayor volumen de compras, sino a los elevados precios internacionales derivados de factores externos. Entre ellos: la pandemia de COVID-19 que disminuyó la capacidad logística para mover mercancías a nivel nacional e internacional, la guerra entre Ucrania y Rusia que afectó la producción de granos e insumos, y la crisis inflacionaria mundial.
Así, a poco más de tres años de su creación, Segalmex no es referente nacional e internacional en el fomento a la producción y el abasto eficiente de alimentos básicos. Tampoco se ha eliminado la pobreza extrema. La seguridad alimentaria y la nutrición en nuestro país se aprecian más que lejanas. Peor aún, esa incapacidad institucional se suma a otras irregularidades financieras, de corrupción y de falta de transparencia desde su creación.
Actualmente se encuentran en proceso investigaciones de la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Todas ellas, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, revelaron que en diversas instancias internas de Segalmex operó una red de corrupción. El contubernio abarcó además a Diconsa y Liconsa, organismos que, entre otras funciones, se ocupan de fijar precios de garantía para pequeños productores agrícolas y agropecuarios del país.
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En resumen: la corrupción se infiltró en los tres organismos encargados de garantizar la producción y abasto de productos alimenticios de primera necesidad para la población más vulnerable.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada indaga los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, defraudación fiscal y peculado, entre otros, presuntamente cometidos por ex directivos de esos tres organismos y que podrían alcanzar un monto cercano a 12 mil millones de pesos.
Dichas investigaciones muestran que, entre las principales faltas administrativas, funcionarios de Segalmex firmaron la asignación de contratos por montos millonarios a empresas fachada. Además, se realizaron subcontrataciones violatorias de las normas de la administración pública federal. Hubo falta de controles para impedir actos de corrupción. Se documentó carencia de comprobantes por montos millonarios de entrega de recursos públicos y de productos adquiridos. También hubo simulación en la entrega y almacenamiento de leche, frijol y maíz, y de apoyos a pequeños y medianos productores agropecuarios y lecheros.
Por su gravedad, y el gran impacto mediático en la sociedad, estos reprobables hechos afectan la credibilidad de la actual administración. Por el bien de todos, es imperativo realizar una exhaustiva e impecable investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias.
Deben recuperarse los fondos malversados hasta donde sea posible. Y una vez finalizadas las investigaciones correspondientes, la aplicación estricta de la ley para castigar a todos los involucrados en ese enorme desfalco, en todos los niveles jerárquicos implicados.
Pese a todo ello, no debería ponerse en duda la necesidad de crear y fortalecer a este tipo de organismos. Deben existir siempre bajo estricta vigilancia y control administrativo en aras de alcanzar la seguridad alimentaria en nuestro país.
