El decreto presidencial expedido el 31 de diciembre pasado por el gobierno mexicano, para prohibir el cultivo de maíz transgénico en el país y el uso gradual del glifosato, ha sido motivo de alrededor de 150 recursos jurídicos a favor y en contra que actualmente están en resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo pronto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que es la ponente del caso, dijo que es constitucional la suspensión contra la siembra comercial de maíz transgénico.
En su proyecto de sentencia ya compartido entre los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analizarán el caso, explica que las suspensiones de autoridades judiciales deben responder a un interés mayor y proteger los derechos de la colectividad. Ello por un amparo promovido por PHI México, para permitirles sembrar maíz transgénico.
“No hay manera de comprender en una regla todas las circunstancias que pudieran presentarse, en todos los casos posibles, materia de una acción colectiva que pueden ir desde la protección de intereses como los derechos de los consumidores, hasta las complejas y múltiples situaciones que se podrían presentar en detrimento del medio ambiente, cuando están en juego intereses difusos de una colectividad indeterminada”, expuso en un comunicado.
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el tema.
