Para bajar los precios de alimentos de la canasta básica en un 8%, el gobierno federal presentó el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic). Es un pacto firmado con 15 empresas de la industria de alimentos y bebidas.
Sin embargo, al conocerse los términos del acuerdo, se encendieron los focos rojos. Industriales, analistas, importadores y exportadores alertan sobre los riesgos de sanidad y comerciales.
Entre los puntos más polémicos están la suspensión de trámites y permisos sanitarios y fitosanitarios para las compañías firmantes y la cancelación de la exportación de frijol y maíz blanco.
Al eliminar la supervisión gubernamental sanitaria, a las empresas firmantes les da el beneficio de autorregularse. Ello podría repercutir en recibir alimentos contaminados de otras partes del mundo y sanciones comerciales a quienes ya tienen ventas acordadas de esos cultivos al exterior.
El sector privado ha levantado la voz porque refieren que se trata de una carta blanca para importar alimentos potencialmente contaminados. Por ejemplo, se podría traer fiebre aftosa que afecte al ganado nacional, aves con gripe aviar o cerdos infectados de fiebre porcina. Además de una larga lista de plagas que lesionen los cultivos nacionales.
Hasta el momento, gremios como el cárnico y el lechero ya expusieron sus cuestionamientos ante la Secretaría de Hacienda. El acuerdo está firmado, pero aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es cuestión de días.
