A principios de junio de este año se reportó, en el estado de Guerrero, la muerte de 18 personas por consumir la bebida alcohólica Rancho Escondido. Fue noticia de primera plana que, en realidad, se trató de un lamentable suceso ocasionado por la piratería.
El tema no debía afectar en mayor medida a la industria tequilera por una simple razón: Rancho Escondido no es tequila, es un destilado de agave. Sin embargo, autoridades estatales e incluso varios medios de comunicación insistieron durante esos días en el peligro de consumir esta bebida alcohólica.
“El impacto de la piratería y adulteración de bebidas alcohólicas es sobre todo en la imagen: cuando alguien tiene una mala experiencia con algo que no es auténtico, es cuando dañan verdaderamente a un producto como el nuestro, que tiene un prestigio y una calidad reconocida a nivel internacional”, comenta Martín Muñoz, coordinador del Centro de Referencia Agave-Tequila del Consejo Regulador del Tequila (CRT).
Un pequeño gran problema
2019 fue un año récord de producción para esta bebida mexicana. De acuerdo con datos del CRT, se produjeron 351 millones de litros de tequila, y para el primer semestre de este complicado 2020, la producción ya alcanzaba 188.9 millones, es decir, un 4.2% arriba comparado con los primeros seis meses del año pasado. Es decir, la industria tequilera mexicana, a pesar de todo, sigue en franco crecimiento.
Por otro lado, de 2012 a 2018, el CRT de la mano con autoridades federales, como Profeco, Cofepris, SAT y la entonces Procuraduría General de la República, decomisaron y destruyeron más de 3.5 millones de litros de bebidas alcohólicas ilegales.
“Aunque un porcentaje de estos era tequila, la verdad es que el impacto del mercado ilegal en cuanto a volumen no es tan significativo para nosotros”, evalúa Martín Muñoz al comparar el resultado de los decomisos con la producción tequilera.
En cambio, para Cristóbal Mariscal, quien durante más de 15 años se desempeñó como director Jurídico y de Relaciones Institucionales de José Cuervo, las pérdidas provocadas a la industria no son tema menor.
“Es muy difícil medir el negocio informal de bebidas alcohólicas en México, pero de acuerdo a los datos más recientes, este podría alcanzar un 36%”, dice Mariscal, respecto al total de ventas. El experto estima que el tequila representa el 40% del mercado mexicano de bebidas alcohólicas, que el comercio ilegal de tequila en México podría rondar las 6.8 millones de cajas de nueve litros, esto es, 61 millones 200 mil litros de tequila ilícito.
Ese porcentaje de ilegalidad en la venta de bebidas alcohólicas que menciona Cristóbal Mariscal es parte de los resultados del último, “Análisis del mercado informal de bebidas alcohólicas y destiladas en México”, realizado por la firma Euromonitor Internacional en 2017. Tal estudio señala también que esta práctica tendría un valor de 19 mil 430 millones de pesos, lo que representaría una pérdida fiscal de 6 mil millones de pesos de IEPS.
“No se trata sólo de piratería y adulteración, también hay quien se pone a vender tequila bajo una marca equis sin pagar impuestos, ese producto es informal, ese producto es ilegal. Y lo que pasa es que en México la informalidad no se ve como un problema serio, se ve como un rostro social”, explica.
Menos decomisos, otras prioridades
Tras el revuelo mediático que trajo el tema de las muertes relacionadas con el destilado pirata “Rancho Escondido”, además del esfuerzo informativo que tuvo que hacer la CRT para aclarar que no se trataba de tequila, llegó un incremento en los operativos contra las bebidas alcohólicas falsas, lo que contrastó con la tendencia de los últimos meses.
“Durante 2019 y 2020 no hemos tenido decomisos porque, debido a la transición de gobierno, estamos en una labor de retomar estas actividades con las nuevas cabezas de las dependencias federales”, comenta el coordinador del Centro de Referencia Agave-Tequila del CRT.
Independientemente de esta pausa, tanto Martín Muñoz como Cristóbal Mariscal coinciden en que la industria tequilera formal no ha cejado en su tarea de combatir el mercado ilegal de bebidas alcohólicas y asegurar la salud de los consumidores.
Al no ser una autoridad, la función del CRT al respecto se limita al monitoreo y vigilancia constante del mercado, incluso de manera encubierta: “Cuando encontramos productos que no están vinculados a la industria, los llevamos al laboratorio para analizarlos y emitimos dictámenes para que la autoridad, de acuerdo con sus tiempos y su disponibilidades, pueda hacer operativos”, explica Muñoz.
El problema, en opinión de Cristóbal Mariscal, actual presidente de la Rama 17 de Bebidas y Alimentos en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), es que las autoridades federales en funciones ven el reto del mercado informal de bebidas alcohólicas como un problema social más que como un acto delictivo: “No es un tema que le preocupe tanto al gobierno como, por ejemplo, el recuperar grandes capitales de los contribuyentes tradicionales. No es una prioridad para ellos”, señala.
Preocuparse y ocuparse
Ya sea por la salud de los consumidores, por las pérdidas económicas o por el daño a la imagen de la bebida nacional, el problema de los tequilas falsos y de las bebidas alcohólicas ilegales en general, en opinión del exdirectivo de José Cuervo, es un tema que definitivamente debe preocupar a todos los involucrados.
“Es algo con lo que se ha batallado desde hace más de 20 años y debe seguirse combatiendo hasta que se recupere ese volumen de tequila que es comercializado de manera informal”, afirma Cristóbal Mariscal.
Falta tiempo para que las más altas dependencias de protección al consumidor y de procuración de justicia retoman el nivel de combate al comercio de bebidas alcohólicas que se tenía en otros años. En tanto ello ocurre, el CRT insiste en que ellos continuarán destinando una buena cantidad de recursos económicos y humanos para combatir el mercado informal de su producto.
“Proteger el prestigio de la palabra tequila es la mejor inversión que podemos hacer como cadena productiva”, concluye Martín Muñoz.
