En noviembre de 2016, dada la gravedad de la situación, las autoridades sanitarias mexicanas declararon dos emergencias epidemiológicas: una para sobrepeso y obesidad y otra para diabetes. Pese a la alerta emitida, las estadísticas epidemiológicas para esas enfermedades han empeorado. Está terminando 2021 y ambas declaratorias siguen vigentes.
México mantiene, desde hace algunos años, el nada honroso primer lugar en obesidad infantil en el mundo, y el segundo lugar en obesidad de adultos. Como no se registran cambios significativos en las causas que generan esta realidad, nada hace suponer que esta situación se modificará pronto, por lo menos no en sentido positivo.
Tres de cada cuatro adultos mexicanos tiene sobrepeso
En la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019 (Ensanut 2018-19), se confirmó como un problema sobresaliente de salud pública la alta prevalencia de obesidad en la población escolar y adolescente.
También el sobrepeso y la obesidad se definieron como un problema de gran magnitud, con una prevalencia en tres de cada cuatro adultos (75.2%) y de adiposidad abdominal en ocho de cada diez (81.6%). Las prevalencias más altas se presentan en personas mayores de 40-50 años, principalmente en mujeres. No se encontraron diferencias por nivel socioeconómico. El sobrepeso y la obesidad son los dos factores de riesgo más importantes para la diabetes.
Ese mismo estudio reportó que la prevalencia de diabetes confirmada con un diagnóstico médico previo en adultos en el país fue de 10.3%, siendo mayor en mujeres que en hombres y mayor a la prevalencia reportada en la Ensanut 2012.
También se observó un incremento de la prevalencia de diabetes conforme aumenta la edad, siendo el grupo de 60 años y más el de mayor incidencia en hombres y en mujeres. La situación continúa agravándose y no se perciben signos de mejoría.
¿Por qué las medidas que se han tomado no han servido de nada?
En las décadas recientes se han puesto en operación una gran cantidad de programas y estrategias, públicas y privadas, para atender esta problemática. De acuerdo con los datos actuales, todas han resultado fallidas.
El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son resultado de prácticas y factores de riesgo que ocurren en diferentes etapas, desde la gestación hasta la edad adulta, e involucran una diversidad de factores biológicos y psicosociales. Pese a que se trata de enfermedades complejas, con causas multifactoriales que se deben analizar e intervenir con un enfoque integral, de sistemas, las estrategias de intervención sólo han sido parciales e incompletas.
Debe considerarse que el entorno alimentario sí influye en las decisiones de consumo de la población. La decisión de compra y consumo se ve favorecida por la disponibilidad de diferentes tipos de alimentos y bebidas en los lugares donde las personas viven, estudian, trabajan y realizan sus actividades cotidianas. También incide la relación del precio de esos productos con el ingreso de las personas.
¿Puede el Estado conciliar el interés de las grandes empresas con el de la salud pública?
Lo que buscan las autoridades sanitarias de nuestro país, es que la población modere el consumo de alimentos de origen animal, harinas refinadas, grasas, especialmente las saturadas, y evite el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
Los alimentos de este tipo son producidos por las grandes empresas alimentarias. Atendiendo legítimamente a su lógica de ganancia, estas compañías invierten enormes cantidades de recursos no sólo en la producción, sino en campañas publicitarias y de mercadeo para promover mayores ventas, una alta diversificación y un mayor consumo de sus productos.
¿Cómo hacer compatibles, por un lado, el interés del máximo beneficio social desalentando el consumo de dichos productos y, al mismo tiempo, inhibir en la industria alimentaria su producción, distribución, mercadeo y consumo? ¿Cómo conciliar esos intereses opuestos en beneficio de todos?
Una política alimentaria nacional, integrada y coordinada desde el más alto nivel del gobierno debe atender estas contradicciones en las diferentes fases de la cadena de suministro, realizando acciones de fomento, de contrapeso, de información, de educación, de regulación, de monitoreo y de evaluación. Todo ello enmarcado en una política de Estado para la alimentación que atienda el interés general de la población.
