El 19 de abril pasado, en la presentación del reporte de la Organización Meteorológica Mundial, El Estado del Clima Global 2020, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, describió el informe como “aterrador” y declaró, durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, que “nos encontramos al borde del abismo”.
Indicó también que “la causa es clara. Cambio climático antropogénico: alteración del clima causada por actividades humanas, por decisiones y locura humana. Los efectos son desastrosos. Los datos de este informe deberían alarmarnos a todos”.
En dicho informe se señala que el año 2020 fue uno de los tres más cálidos en la historia y que la década 2011-2020 ha sido la más cálida desde que se tiene registro, de tal modo que la elevación de la temperatura global ha contribuido a que se presenten con mayor frecuencia y de manera más severa, eventos climáticos extremos en todo el mundo incluyendo olas de frío y calor, inundaciones, sequías, incendios y tormentas.
Para el caso de la actual situación de sequía en nuestro país, datos de la Comisión Nacional del Agua indican que 85% de la superficie del país se encuentra en alguna condición de sequía, pero existen regiones, como el Sistema Cutzamala —que incluye parte del Estado de México y Michoacán—, con 99.6% de la superficie en esa condición. Ello arroja efectos negativos en la producción de alimentos básicos en sistemas de temporal, así como la limitación de acceso al agua en aquellos sistemas productivos que requieren de riego, con la consecuente elevación de los costos de producción y de los precios en ciertos productos.
No sólo se requiere agua para las actividades agrícolas, también es un insumo indispensable para la operación de un gran número de industrias alimentarias, particularmente para aquellos sectores relacionados con la elaboración de alimentos procesados y bebidas.
La creciente sequía debe ser motivo de análisis profundo y toma de decisiones en las empresas alimentarias por el impacto que este valioso insumo tiene y tendrá en sus procesos de producción en los años por venir.
Los eventos fortuitos que ponen en riesgo el abasto de alimentos
La Central de Abasto de la Ciudad de México ha sufrido diversos siniestros en los últimos años y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria porque es el punto neurálgico en el sistema alimentario de nuestro país. Con una extensión de 327 hectáreas, la Unión Mundial de Mercados Mayoristas la considera el centro de suministro de alimentos más grande del mundo. Su operación comercial anual alcanza un valor de 9 mil millones de dólares, sólo superada por la Bolsa Mexicana de Valores.
Ese espacio ha sufrido diversos siniestros en los últimos años. Desde incendios de diversa magnitud que han generado enormes pérdidas, incluso de vidas humanas, al desplome del techo de tres naves que colapsaron por una granizada en marzo del año pasado. Los daños a la infraestructura abarcan una superficie de 19,447 metros cuadrados, afectando a 1,347 comerciantes que improvisaron estructuras para cubrir sus negocios y seguir operando.
Se espera que apenas el mes entrante —más de un año después de ocurrido el suceso— se puedan iniciar los trabajos de reparación. Hubo un retraso en los avalúos por parte de la compañía aseguradora que se sumó a los efectos de la pandemia por COVID-19.
No existe ninguna garantía de que no se volverán a repetir fenómenos meteorológicos de la misma o de mayor magnitud de los que han sucedido y que generen afectaciones a dicho centro de abasto.
La delincuencia organizada que afecta la logística alimentaria
En diversas partes del territorio nacional se observan una serie de circunstancias de carácter social, económico y político que afectan la producción, el transporte y el abasto de alimentos. Baste señalar cómo, en algunos estados de la República, grupos delincuenciales afectan negativamente la producción agroalimentaria así como el transporte de las cosechas o los productos de origen animal a través de la extorsión, el chantaje, el cobro de derecho de piso o los robos a trenes de carga y a vehículos que transportan alimentos y bebidas.
De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de nuestro país, durante el segundo trimestre de 2020, el subgrupo de productos que más casos de robo registró en el periodo fue el de granos, semillas y sus derivados, con un 27.58% del total de casos. El de productos alimenticios alcanzó el 8.52%.
Esto provoca que el costo que las empresas deben pagar para transportar con seguridad sus productos por vía terrestre, a través de carreteras o vías férreas, se incremente sustancialmente. Ahora es requisito utilizar servicios de inteligencia o de custodia de sus unidades de transporte, mediante la contratación de empresas de seguridad privada, o de sistemas de monitoreo que utilizan señales satelitales, entre otras tecnologías, y que implican un costo adicional, que hay que sufragar.
Nunca como ahora, ha sido más urgente la necesidad de establecer sistemas de alerta y de análisis de riesgos que permitan identificar posibles fuentes de afectación a las diferentes fases de la cadena de suministro y, a partir de ello, establecer hojas de ruta para su atención inmediata. El objetivo es aminorar los efectos negativos, realizar el control de daños correspondiente y la pronta restitución de las condiciones adecuadas de operación.
Desde luego, todo ello debe formar parte de una política alimentaria nacional, integral y coordinada, que considere el sistema alimentario en su conjunto, las interrelaciones con otros sistemas y que sea coordinada al más alto nivel de la estructura del gobierno federal.
