Después de la publicación de las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo referentes a las obligaciones que tendrán los patrones con los trabajadores del campo, aún hay confusión sobre su correcta aplicación e incertidumbre sobre cómo se cumplirá con los nuevos requerimientos.
El miércoles 24 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que obliga a las empresas dedicadas a la agroindustria a dar, de manera gratuita, vivienda, guarderías, servicios de salud y alimentación saludable a los jornaleros que emplean.
Analistas y empresarios se cuestionan cómo aplicar las nuevas demandas, que además, chocan con otras disposiciones ya establecidas, por ejemplo, con la NOM 038, que permite que jóvenes de entre 15 y 17 años se incorporen al sector, pero con las nuevas disposiciones se prohíbe.
Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana dijo a El Economista, que “su aplicación es imposible para la mayoría de las empresas mexicanas”.
El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros pronosticó el cierre de empresas. “Van dos aumentos del 20% de mano de obra, ¿qué empresa puede con eso? Se redujeron los márgenes y muchas empresas están sobreviviendo y encima abrogarles todas las obligaciones, pues la verdad muchas de esas empresas no van a poder y van a cerrar”.
Aldo Mares, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario, explicó que la reforma no se discutió con el sector privado. “Es una reforma confusa, falta hacer precisiones importantes y tiene contradicciones, lo que genera incertidumbre jurídica. Tenemos un grupo con especialistas técnicos y entre ellos no se pueden poner de acuerdo con su interpretación”, le dijo Mares al periódico Reforma.
En caso de incumplir con las nuevas disposiciones, las empresas podrían recibir multas de hasta 2 mil 500 veces la Unidad de Medida de Actualización, equivalente a más de 271 mil pesos.
