Desde el primer día de este 2022 las apps de reparto de comida y otras mercancías que operan en la Ciudad de México deben pagar un impuesto de 2% sobre el valor de sus ventas. El hecho ha levantado ámpula entre repartidores y aplicaciones de reparto y ya preparan acciones legales.
Hay otra arista poco conocida del problema: las malas condiciones de la infraestructura de la CDMX, que han sido un factor determinante en la muerte de 57 repartidores de marzo de 2020 a la fecha.
La nueva disposición plantea que plataformas como Didi, Rappi y Uber Eats deberán reportar su número de entregas y hacer el pago correspondiente los días 15 de cada mes. El tema fue controvertido desde su gestación. En la iniciativa para modificar el Código Fiscal de la Ciudad de México 2022, presentada el 30 de noviembre pasado, la cuota no se planteó como un impuesto sino como un aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la ciudad.
La Asociación de Internet MX, Canacintra, Coparmex y otras nueve asociaciones de la industria rechazaron la propuesta en un comunicado conjunto: “Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermedias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales”.
Ya en el Congreso capitalino se agregó a la iniciativa que el aprovechamiento no es transferible a terceros, con la intención de proteger a consumidores, repartidores y restaurantes. “No hay manera de que aseguren eso. Lo que va a suceder es que las empresas nos los van a trasladar a nosotros (los repartidores) y a los restaurantes. Seguramente habrá incrementos en los precios y el consumidor lo va a resentir al final”, comenta para Goula Saúl Gómez, vocero y fundador del movimiento Ni Un Repartidor Menos.
La madrugada del 15 de diciembre, fue aprobado el Código Fiscal de la Ciudad de México 2022.
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La fatalidad de una coladera destapada
De acuerdo con un estudio de Fintonic, publicado en mayo de 2020, el consumo en restaurantes cayó un 74% debido a la COVID-19, mientras que el uso de apps de reparto de comida creció hasta 80%.
Justo ese fue uno de los principales argumentos del gobierno de la Ciudad de México para establecer el aprovechamiento, con el que esperan recaudar hasta 200 millones de pesos: las ganancias de las plataformas digitales de reparto de mercancías y comida han crecido de manera significativa durante la pandemia, pero buena parte de ese dinero no se queda en México.
“Durante la peor época de la pandemia, nosotros estuvimos en las calles trabajando para evitar muertes y contagios”, revira Saúl Gómez. Las apps, por su parte, han manifestado, a través de la Asociación de Internet MX, que con este impuesto se castiga a una de las industrias que ha demostrado ser un motor económico del país en estos tiempos difíciles.
Pero el tema que más resquemor causa es la obligación de pagar “por concepto de aprovechamiento por el uso y/o explotación de la infraestructura de la Ciudad de México”, como se plantea en el Código Fiscal 2022.
“De marzo de 2020 a la fecha, han muerto 57 compañeros durante su labor en la Ciudad de México. Incluimos a la infraestructura como uno de los factores que ha llevado a sus muertes: una coladera abierta, malos señalamientos o semáforos descompuestos”, expone el vocero del colectivo Ni Un Repartidor Menos.
Ni un Repartidor Menos se unió con el Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio para presentar quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y transportes.
Las organizaciones de repartidores esgrimen en sus denuncias que el pago por aprovechamiento es el equivalente a cobrar un derecho de piso por transitar en la Ciudad de México. “Cuando el libre tránsito se encuentra garantizado por la propia Constitución”, argumentan.
Cuestionan además, si el uso de la infraestructura de la Ciudad de México no lo hacen todas las personas que viven y transitan por ella. Por ejemplo, por qué los vehículos de reparto de empresas de cualquier otro tipo no están obligadas a un pago similar.
Las denuncias fueron presentadas el 22 de diciembre, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Saúl Gómez insiste en que no se detendrán y que ya preparan amparos contra el nuevo “impuesto” del 2%. “Estamos preparando una defensa interesante. El amparo va hasta la Suprema Corte”, remata.
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¿Hay buenos argumentos para ampararse? Los especialistas dicen que sí
“El medio eficaz en este momento para impugnar esta norma que se incluyó en el Código Fiscal de la Ciudad de México es la demanda de amparo”, confirma Francisco Matus, socio del área fiscal de la firma Basham, Ringe y Correa.
La consultora legal advierte que el cobro del aprovechamiento por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México a plataformas digitales es violatorio de derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución Política.
“Intentan camuflar este nuevo impuesto a través de un aprovechamiento”, señala Matus. El abogado explica que el gobierno de la CDMX no utilizó la palabra “impuesto” porque estos tributos están vinculados al cumplimiento forzoso de lineamientos generales que deben seguir todos los involucrados en una misma actividad. Es decir, a los mismos jugadores se les tienen que poner las mismas reglas. Si hubieran señalado que era un impuesto para estos servicios digitales de entrega, se habrían visto forzados a meter en la misma canasta a quienes prestan los mismos servicios de reparto de mercancías, pero a través de medios tradicionales.
Los abogados de Basham, Ringe y Correa consideran que el multicitado aprovechamiento en realidad se trata del pago de un derecho, esto es, una contribución, pues cumple con los elementos esenciales de ésta: sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago.
Matus explica que, de comprobarse esta hipótesis se podría establecer que se viola el principio de equidad tributaria: “Los impuestos deben regular actos en concreto. No puedes hacer diferencias sobre una misma actividad”. El abogado aclara que hay mucha técnica jurídica detrás del tema, pero que en esencia eso es lo que buscarán defender en los tribunales, y tampoco descarta el llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Basham, Ringe y Correa ya trabaja con tres clientes, nos comentan, que son parte de las grandes plataformas online de entrega de comida y mercancías que hay en México. “No sólo nos han pedido asesoría sobre el tema, también nos solicitaron que los defendamos en un juicio. Tenemos hasta el 11 de febrero para presentar el amparo”, dice Francisco Matus.
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Ante el sobresalto de la iniciativa privada y de los repartidores por la aprobación de la nueva cuota (impuesto para unos, aprovechamiento para otros), la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México publicó algunas aclaraciones sobre el tema.
Una de ellas argumenta que el aprovechamiento de 2% busca apoyar a los repartidores rumbo a una regularización laboral, pues en este momento las plataformas digitales de reparto los consideran “socios” no trabajadores.
“Es un pretexto. El gobierno de la Ciudad de México quiere reformar artículos de la Ley Federal del Trabajo, algo en lo que ellos no tienen competencia. También dicen que con la nueva ley buscarán que las empresas nos compren la mochila, el plan celular y que paguen la gasolina… hay cosas que por más que quieran, pues no se va a poder. El modelo de negocio tiene que ser sostenible porque si no las empresas se van a ir”, plantea Saúl Gómez.
El vocero de Ni Un Repartidor Menos se refiere a la ley sobre los repartidores a domicilio que algunos legisladores mexicanos impulsan, inspirados en la llamada Ley Rider en España que entró en vigor en agosto pasado. Pero esa es otra historia.
